Desempleo e informalidad: estrategias de sobrevivencia

En estos días ha levantado mucho polvo el caso de una regidora, no sólo por su lenguaje y sus aspiraciones políticas, sino por la corrupción y tolerancia hacia el comercio ambulante de la zona centro. Recientes revelaciones de audios pueden mostrar un conjunto de hechos que, en la prensa escrita, en radio y en televisión se centran en el personaje aludido. Además de lo reprobable que puedan ser estas prácticas políticas, el problema de fondo siempre, o casi siempre, queda encubierto.

Cualquier caso de corrupción que sale a la luz pública es reprobable, como cualquier otro caso que quedara en lo oscurito. El problema estructural no se reduce a la cultura de la corrupción de nuestra mal llamada “clase política”, sólo porque los políticos de profesión, hombres y mujeres, han hecho de la política una de las industrias de más alta rentabilidad, tanto económica como política. El otro aspecto estructural del problema radica en los millones de mexicanos que están desempleados. Vamos a la información del inegi: “Durante el tercer trimestre del año en curso 2.7 millones de mexicanos estaban desempleados, lo que representa .1 por ciento más personas sin trabajo que en el mismo periodo de 2013.”

Esta es una realidad que no podemos ocultar, de la que se habla muy poco y que, en la práctica, se oculta cuando se trata del comercio ambulante y las llamadas “prácticas desleales” hacia los comerciantes formalmente instalados y que pagan sus impuestos. Todavía hay más información del inegi: “… 29.3 millones de personas trabajan en el sector informal, los que representan 59.1 por ciento de la población ocupada, cifra que a decir del inegi se redujo 1.5 por ciento respecto de los trabajadores informales registrados durante el tercer trimestre de 2012. Detalló que de los 29.3 millones de trabajadores en la informalidad, 29 millones 760 mil se dedican a actividades dentro del sector agropecuario, al servicio doméstico remunerado o a actividades subordinadas que eluden el registro a la seguridad social.” [1]

Sólo este dato nos da una idea del tamaño del problema: casi 6 de cada 10 personas que tienen trabajo, lo hacen en la economía informal, lo que significa, en lo más elemental de sus derechos sociales, que carecen de seguridad social de cualquier tipo. Me parece que ante este panorama, centrar el problema en los desplantes de una funcionaria pública o en la denuncia pública de políticos de otro partido, es, por decir lo menos, mirar las cosas de una manera chata y miope.

Por supuesto que tiene sus entretelones las luchas entre partidos políticos, pero es darle demasiada importancia y engordarle el caldo a quienes quieren sacar provecho político de una práctica autoritaria, así venga de una mujer. Finalmente, la política partidista no es sino la disputa por el uso y el abuso del presupuesto público, de los cargos y de toda ocasión de sacar provecho personal y de grupo ante las necesidades de la gente, por más que se organicen de manera corporativa, como corresponde a nuestra larga tradición política mexicana. Lo que significa que, a su vez, cada comerciante ambulante, es sometido a las componendas que realicen sus líderes con el pretexto de que es para que puedan ejercer el comercio informal. Estas prácticas y las que realiza el crimen organizado con su venta de protección y cobro de piso, es la misma gata, nada más un poco revolcada, pero que sí muestran los colores de los partidos que los patrocinan. En eso, los partidos políticos y muchos de sus funcionarios públicos, son almas gemelas del narco.

De alguna manera hay que decirlo: hay periodistas que hacen del escándalo político las notas principales de los noticiarios de todo tipo. El comercio ambulante tiene mayor complejidad que las complicidades que puedan existir entre funcionarios municipales y líderes de comerciantes. Hay un problema estructural de desempleo creciente en todo el país y también en Jalisco. El ambulantaje es sólo una estrategia de sobrevivencia que tiene sus costos económicos y políticos.



[1] Nota de Miriam Posada García, publicada en La Jornada, miércoles 13 de noviembre de 2013, p. 31

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