Inseguridades en Jalisco

Todavía a la mitad del sexenio pasado se presumía que el estado de Jalisco estaba exento de la ola de violencia que aquejaba al país, y cuando algo en esta materia sucedía se atribuía al llamado “efecto cucaracha” que provocaba, de acuerdo con fuentes oficiales, que grupos de delincuencia organizada se internaran en la entidad por los operativos realizados en estados vecinos, se decía entonces que era necesario blindar al estado de los efectos externos. Era el tiempo donde se pregonaba que nuestro territorio era una isla de paz en medio del conflicto.

Ahora bien, una de las premisas fundamentales que sostienen a las teorías del Estado (sobre todo aquellas de carácter contractualista) es que éste brinde seguridad a sus ciudadanos en sus múltiples dimensiones, no sólo lo que atañe a la posibilidad de la violencia, sino la garantía de que el entorno sea lo menos riesgoso posible. La triste realidad jalisciense nos muestra que lo que priva en la entidad son diversas y persistentes inseguridades, de varios tipos y en diferentes ámbitos.

Podríamos hacer un largo recuento de aquellos hechos que han consternado al estado en los últimos años y que han mostrado la vulnerabilidad que priva en Jalisco: los narcobloqueos que intentaron dejar sitiada a la Zona Metropolitana de Guadalajara, el descubrimiento de los cuerpos que dejaron en los Arcos del Milenio, la devastación que dejó el huracán Jova en municipios del Sur del estado, la condenable muerte de dos adolescentes que además fueron doblemente victimizados, el impacto en la sociedad jalisciense al conocer la cifra de desaparecidos en el estado, el miedo que provocó la fuerte balacera que dejó siete muertos en Tepatitlán (entre ellos tres policías), la fuga de gas en la zona sur de la capital de Jalisco que suscitó un fuerte debate sobre la pertinencia de la existencia de redes subterráneas de gas, la existencia de la tortura que se infringió a varias personas en las movilizaciones sociales que se dieron a propósito de la cumbre de presidentes de países de América Latina y Europa en el 2004, el asesinato del primer secretario de Turismo de la actual administración, el incremento de delitos del fuero común como los robos y la aparición de los llamados moto-ratones, entre otros, son algunas de las inseguridades por las que han atravesado los habitantes del estado.

No dudo que este tema sea un punto de agenda nodal y una fuerte preocupación de la administración pública estatal y de los municipios, es más, se apuntan algunos esfuerzos que probablemente den resultados (la Fuerza Única Jalisco), pero lo cierto es que estamos sumergidos en una tendencia de inseguridades que no se resuelven y donde no se avizoran mejoras significativas en el horizonte próximo.

Es verdad que hay personajes que contribuyen a que las inseguridades estén presentes y se sigan reproduciendo, pero también tenemos que hablar de problemas estructurales, algunos muy reconocidos y que atajarlos sería fundamental para tener avances sólidos y significativos. Uno de estos es el campo problemático de lo que está alrededor de los temas de transparencia-rendición de cuentas-corrupción-impunidad. La clase política, en su gran mayoría, no tiene incorporada en su cultura la transparencia, mucho menos la rendición de cuentas. Se documenta frecuentemente en medios de comunicación la existencia de corrupción y existen estudios científicamente fundados que hablan de altísimos niveles de impunidad (mayor al 95%). Sin duda que esta situación es una causa primigenia y fundamental que generan las inseguridades que nos adolecen.

La información que la semana pasada compartió el contralor del estado Juan José Bañuelos Guardado, donde se estima que en los gastos de gobierno del estado durante el 2012 existe un posible daño patrimonial por más de siete mil 500 millones de pesos y que probablemente se podrían configurar diez demandas penales a funcionarios, puede representar un primer indicio de cambio.

Habrá que ver si en este proceso efectivamente hay denuncias penales, si la Fiscalía General realiza su parte y les da el debido seguimiento a las pesquisas; y si luego el Poder Legislativo hace lo propio e incluso genera una nueva normativa que permita un mejor y eficaz ejercicio de rendición de cuentas y combate a la impunidad en la entidad. El esfuerzo no puede ser solitario, necesita que todos los actores políticos actúen en consecuencia, porque si no es así, tendremos un sexenio más con esta vorágine de inseguridades que no nos conviene a nadie y que sólo daña la vida cotidiana en el estado.

Publicado por la Jornada, Jalisco al 24 de octubre de 2013.

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