Reflexiones en torno al Instituto Electoral

Al final de esta semana tendremos la lista de los aspirantes a ser consejeros electorales en Jalisco, el Congreso local abrió la convocatoria y tendrá que definir a las siete personas (un presidente y seis consejeros) que integrarán este organismo público autónomo para finales de este mes. La renovación del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) ha suscitado un debate muy interesante no sólo sobre el perfil de los consejeros, sino que también se empezó a discutir sobre la forma como opera esta instancia, los procedimientos de elección e incluso se ha puesto sobre la mesa el tema de la utilidad y la exis- tencia de este organismo.

En esta entrega trataré de desarrollar algunos de estos planteamientos, ordenados en tres grandes bloques para ayudar a la reflexión y el debate de los mismos. Ahora bien, si el Congreso de Jalisco toma en serio su papel y no se deja llevar por las negociaciones por debajo de la mesa, deberá tomar en cuenta en este proceso de elección de los nuevos consejeros las discusiones que se están suscitando alrededor de esta decisión.

Existe un grupo importante de articulistas en la prensa escrita, de líderes de opinión en la radio, de grupos empresariales y de colectivos ciudadanos que demandan a los diputados fundamentalmente dos cosas: primero, que el proceso de elección de los consejeros sea pulcro, transparente, apegado a derecho y tomando en cuenta a todas las voces y los intereses de la sociedad jalisciense. La segunda demanda –que sería una derivación de la primera– es que el consejo se renueve en su totalidad para dar paso a perfiles auténticamente ciudadanos, esto implicaría que los nuevos consejeros no tuvieran un padrino político o un partido al que le deban el nombramiento y por lo tanto estarían libres de cualquier tipo de compromiso. Si el IEPC fue hecho para salvaguardar los derechos políticos de los ciudadanos (no de los partidos), entonces son los propios ciudadanos los indicados para lograr este propósito. A estas demandas yo agregaría la necesidad de conformar un consejo donde haya presencia de mujeres que efectivamente y sin cálculos amañados, ayuden a velar por los derechos políticos de las mujeres en el estado. Resulta sintomático que ni el IEPC, ni en el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (Itei) tengamos mujeres como consejeras, siendo espacios que deberían ser ciudadanos y representativos de los colectivos sociales. Además, el hecho de ciudadanizar el espacio tiene otra virtud, y es que el abanico de posibilidades se abre para poder designar a personas que técnicamente sean conocedoras del tema y que por lo tanto su labor logre tener mayor cualificación.

Hay otra serie de propuestas que gira alrededor de una reestructuración profunda del IEPCJ que comparten el diagnóstico de que no basta con las acciones anteriormente dichas, sin embargo no se niega que son propuestas loables, positivas y que no se contraponen con sus planteamientos, pero insisten que lo necesario es rediseñar este organismo público autónomo para volver a su vocación original que es la salvaguarda y garantía de los derechos políticos de las y los jaliscienses. Para ello se plantea que el Consejo debería formarse sólo en el periodo electoral, es decir, que el IEPC exista sólo en el año en que se realizan las elecciones y el resto del tiempo (dos años) se suspenden sus funciones. Además los nombramientos deberían ser honorarios y en caso de percibir un sueldo, de ninguna manera podrían ser los exorbitantes salarios que ahora devengan los consejeros. Aunado a lo anterior, la reestructuración implicaría optar por procesos electorales más austeros, no basados en la mercadotecnia política, sino en el debate de ideas y propuestas y con procedimientos electorales más sencillos. Se trataría, en resumen, de quitar los incentivos de di- nero y de poder político que mueven a las personas a buscar estos cargos y garantizar los derechos políticos de la forma más austera y sencilla posible.

Hay un tercer frente de reflexión que es más radical en sus planteamientos, y es el que abierta o veladamente proponen la desaparición de esta instancia, y por lo tanto asumir de una vez por todas que será un Instituto Nacional Electoral quien organizará todas las elecciones en el país; pero mientras eso sucede, que el gobierno del estado firme un convenio con el Instituto Federal Electoral (IFE) para que la junta local sea quien organice logísticamente la elección estatal. Esta solución implicaría resolver la duplicación de funciones que ahora existe (20 consejos distritales locales y 19 consejos distritales federales) y sobre todo se evitaría las llamadas casillas espejo, es decir, en una sola casilla se realizarían las seis elecciones. Los que defienden esta propuesta argumentan que con esta acción se evitaría la excesiva intromisión de los poderes fácticos y de los partidos políticos locales en el proceso electoral, que el costo de las elecciones se reduciría significativamente y que se aprovecharían las capacidades instaladas con las que ya cuenta en IFE en el estado.

Con este debate de fondo, el peor y más lamentable escenario es que el Congreso opte por ratificar a los actuales consejeros, sería un golpe más a la endeble democracia jalisciense, lo más audaz, pero lo más improbable es que decidan desaparecer esta instancia. Una propuesta de fondo sería que a la par de elegir a nuevos consejeros con perfil auténticamente ciudadano, generen un proceso de deliberación social para reestructurar a este organismo público autónomo, que desde mi particular punto de vista ya dio de sí y es necesario reconstruirlo.

 

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