Los derechos humanos en México, presa de la simulación

Jorge Rocha.- El lunes pasado se conmemoró un aniversario más de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hecho que nos recuerda que este tema sigue siendo una agenda pendiente y urgente en nuestro país. Los defensores del régimen señalan una lista de importantes avances en la materia: la existencia de un sistema público de derechos humanos (Comisión Nacional y comisiones estatales), la presencia de la Oficina en México del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, la creación de subsecretarías federales encargadas de velar por los derechos, la existencia de un plan nacional de derechos humanos, la elaboración de algunos planes estatales de derechos humanos, la presencia y acción de redes nacionales de organizaciones civiles de derechos humanos, la conformación de instancias de derechos humanos en los estados y municipios, la reforma constitucional en materia de derechos humanos, la aprobación de leyes e instituciones que tutelan derechos específicos, que los derechos humanos ya son parte del discurso “políticamente correcto” de la clase política, que México se abrió al escrutinio internacional en esta materia, que se crearon comisiones especiales ex –profeso para casos graves de violación a los derechos humanos, entre otros.

El movimiento social que pugna por la vigencia de los derechos humanos es viejo en nuestro país y ha mantenido sus demandas por un largo tiempo, buena parte de los avances mencionados no hubieran sido posibles sin el concurso de este movimiento. Sin embargo a pesar de todo lo señalado anteriormente, los informes, las evaluaciones, las demandas de la sociedad civil nacional e internacional, nos llevan a afirmar que los derechos humanos en México siguen violados sistemáticamente.

Sin ánimo de agotar la agenda, desde mi particular punto de vista los problemas más severos que experimenta el país en torno al respeto de los derechos humanos, giran sobre seis grandes frentes que expongo a continuación sin orden de importancia. El primero se refiere a la dificultad misma de defender los derechos humanos. Informes de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, siguen señalando que en México el hostigamiento y violencia en contra de defensores de derechos humanos, líderes sociales y periodistas es un lastre que seguimos cargando y un problema que no se erradicó con la alternancia en el poder. Sólo por citar el más reciente caso en el estado de Jalisco del indígena Celedonio Monroy Prudencio, indígena nahua que ha defendido los derechos de su pueblo, y quien hasta el momento de escribir este artículo continúa desaparecido. Este problema desafortunadamente se recrudeció en el sexenio de Felipe Calderón. El segundo frente de problemas se refiere a la enorme presión del capital para explotar, despojar y expropiar recursos naturales estratégicos (tierras, bosques, agua, recursos minerales, playas) que pertenecen a comunidades campesinas, indígenas o grupos comunitarios. Volviendo a lo local, dos ejemplos recientes son los sospechosos incendios que se dieron el fin de semana pasado en el Bosque del Nixticuil donde se pretende construir el proyecto inmobiliario Mirasierra o la intención de inundar los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo para construir la presa El Zapotillo. En ambas situaciones son recursos naturales estratégicos los que están en juego. El tercer frente son los derechos que se conculcan alrededor de la impunidad. En este país los que delinquen no la pagan y este severo problema se acentúa cuando se trata de prominentes miembros de la clase política. El peor incentivo para lograr el respeto de los derechos humanos es la impunidad, y para el caso local sólo hay que voltear a lo que está pasando en el Congreso del Estado, donde se sigue destapando la cloaca y hasta el momento no tenemos ningún responsable. El cuarto frente de lucha está en la vigencia de derechos políticos. En este país el derecho a la información, la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana e incluso el derecho al voto son todavía aspiraciones no satisfechas. Parecía que el arribo de la democracia sentaría las bases para ello. No fue así. Nos quedamos con una democracia inconclusa y con derechos políticos poco o nada respetados. El quinto problema está ligado a la represión. La clase política no aprendió a dialogar y negociar las demandas de muchos movimientos sociales y siguen apareciendo las expresiones represivas, el uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza, la criminalización de la protesta social y peor aún, seguimos viendo prácticas setenteras de uso de grupos de choque para generar caos y violencia en manifestaciones sociales y con ello dar pie a la represión política. Este punto significa un grave y serio problema para la defensa de los derechos humanos, ya que en no pocas ocasiones a los ciudadanos sólo les queda este mecanismo para exigir el respeto de sus derechos. Lo más lamentable es que estas personas que exigen sus derechos a través de la manifestación pública terminan doblemente victimizados: por la violación del derecho que dio pie a la demanda y por la represión de la que son objeto. El ejemplo de lo anterior lo presenciamos el pasado 1 de diciembre. El sexto asunto es la inoperancia de los organismos públicos que se supone deben velar por los derechos humanos, en este sentido el sistema público de derechos humanos deja mucho que desear, no es raro que actúe de forma deficiente y que incluso haga acciones que contravienen el respeto de los derechos. El caso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco resulta paradigmático al respecto, ya que está confrontada con los principales organismos de la sociedad civil que defienden derechos humanos, no ha logrado avances sustantivos en problemas neurálgicos en el estado, tiene a un titular sumamente cuestionado en su desempeño y sólo para mencionar el ejemplo más reciente, su actuación en los pasados hechos del 1 de diciembre ha sido tachada como altamente deficiente.

Ahora bien, ¿qué explica que por un lado existan importantes avances pero que las violaciones a los derechos humanos continúen?. Desde mi particular perspectiva la respuesta es que la directriz que ha marcado la política mexicana en derechos humanos es la simulación. Se conceden avances que no se traducen en realidades, se aprueban leyes que no dirigen la conducta del Estado, se construyen instituciones que no resuelven los problemas centrales y se expropia un discurso que no se traduce en acciones y política específicas. Se generan “avances” para no avanzar en nada o en muy poco. Esto es lo que define a los derechos humanos en nuestro país: la simulación.

No comments yet.

Deja un comentario

*